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El traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de educación (Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre).

Los traspasos a que se refiere el Real Decreto 3936/82 (B.O.E. de 22, 24 y 25 de enero de 1983) tuvieron efectividad a partir del 1 de enero de 1983, como recogía el artículo 3 del mismo cuerpo legal.

El Real Decreto referido consta de cinco artículos y un ANEXO, que es el que recoge realmente el traspaso de competencias en materia educativa.

Creemos conveniente reproducir los dos primeros artículos del Real Decreto, ya que éstos dan una idea general del citado traspaso:

Artículo 1º: “Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de Andalucía, de fecha 27 de diciembre de 1982, por el que se transfieren competencias y funciones del Estado en materia de enseñanza no universitaria a la Comunidad Autónoma de Andalucía y se le traspasan los correspondientes servicios e Instituciones y medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas”.

Artículo 2º: “En consecuencia, quedan transferidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo del presente Real Decreto y traspasados a la misma los Servicios e Instituciones y bienes, derechos y obligaciones, así como el personal, créditos presupuestarios y documentación y expedientes que figuran en las relaciones números 1 a 3, adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta indicada, en los términos y condiciones que allí se especifican”.

 

Las transferencias se dividen en diez apartados:

A) Referencia a las normas constitucionales y estatutarias y legales en las que se ampara la transferencia.

B) Competencias y funciones que asume la Comunidad Autónoma de Andalucía e identificación de los servicios que se transfieren.

C) Competencias, servicios y funciones que se reserva la Administración Central del Estado.

D) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma, y forma de cooperación.

E) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan.

F) Personal adscrito a los servicios e instituciones que se traspasan.

G) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.

H) Valoración provisional de las cargas financieras de los servicios traspasados:

- Presupuesto del Ministerio de la Presidencia del Gobierno.

- Presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia.

- Presupuesto del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Estudiante.

- Presupuesto de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar.

- Presupuesto del Patronato de Promoción de la Formación Profesional.

- Presupuesto del Instituto Nacional de Educación Especial.

I) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.

J) Fecha de efectividad de las transferencias.

Todas estas competencias fueron transferidas con efectos de 1 de enero de 1983, como indicábamos al comienzo de este epígrafe. En lo que afecta al Bachillerato, éste fue transferido al completo, junto a las Inspecciones de Bachillerato del Estado en las provincias andaluzas, como competencias específicas del apartado B) antes enumerado. También se traspasa, dentro del mismo apartado, el personal tanto docente como de la Administración y Servicios, así como las competencias para nuevas contrataciones y nombramientos, traslados, licencias, compatibilidades, reconocimiento de trienios, tramitación de expedientes disciplinarios, resolución de recursos, nombramiento de Directores y demás cargos directivos, cursos de perfeccionamiento del profesorado, etc.

La creación, modificación y supresión de Centros educativos -Institutos de Bachillerato, en nuestro caso- es otra de las competencias transferidas por el citado apartado, en correlación con la elaboración , aprobación y ejecución de los programas de inversiones -construcciones, instalaciones y equipamiento escolar-, inversiones que se realizarán en función de las necesidades específicas de Andalucía cuya determinación corresponde a la Comunidad Autónoma.

Así pues, desde el 1 de enero de 1983, las competencias en materia educativa para todos los niveles no universitarios corresponden a la Junta de Andalucía, salvo las competencias compartidas del apartado D) antes citado, y las competencias de unos mínimos unificadores para todo el territorio nacional que se reserva la Administración Central, y que vienen recogidas en el apartado C) del comentado texto de transferencias.

De este modo, tras las transferencias en materia educativa, la Enseñanza Secundaria en Andalucía adquiere un nuevo marco legislativo y administrativo, marco que se ha ido retocando y perfilando a lo largo de estos casi quince años, pero que en cualquier caso ha supuesto el referente obligado para toda la Comunidad Educativa.

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